Notas detalladas sobre decreto 2035 de 2005
Notas detalladas sobre decreto 2035 de 2005
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Recibida la citada documentación, la Dirección General de Estrategias de Movilidad practicará las correspondientes liquidaciones de consumición sobre los títulos de transporte objeto de las ayudas emitidas en el citado periodo y procederá a tramitar el suscripción de estas.
En el caso del Efectivo Decreto 1120/2024, de 5 de noviembre, y su modificación mediante la disposición final cuarta, la extraordinaria y urgente falta deriva de la carencia ineludible de ampliar el plazo de presentación de los estados contables para permitir que estos estén elaborados y registrados en tiempo y forma para la concesión de las ayudas directas a los Consorcios de Madrid, Barcelona y Valencia y a Canarias, siendo esta destinada a los gastos correspondientes del año 2024.
5. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por el ampliación de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, excepto aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la calidad exige esa formalidad, causará un derecho de 6 UVB.
a) Se comprobarán un 30 % de las acreditaciones remitidas de acuerdo con el plan de comportamiento para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas.
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En la itinerario de lo manifestado en el inicial apartado y como medida tendente a apoyar ese cambio modal de sustitución del transporte privado para los desplazamientos de corta distancia, el capítulo V contempla ayudas para la adquisición de ciclos de pedaleo asistido.
5. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán desarrollar o completar este procedimiento con objeto de facilitar su dirección y la percepción de las compensaciones por el arrendador o el propietario.»
Que si aceptablemente el Decreto 393 de 2002 fue derogado una tiempo quedó expedido el Decreto 2260 de 2019 incorporado en el Decreto 1074 de 2015, la declaratoria de la nulidad de dicho acto burócrata por parte del Consejo de Estado, genera la penuria de revisar la estructura matemática del maniquí para la estimación de los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil, incorporando criterios en materia de progresividad y equidad erguido, permitiendo con esto, un beneficio claro tanto para los sujetos pasivos, como activos de la tasa contributiva que se recauda por estos conceptos.
Por lo que se refiera a la disposición final cuarta, relativa a la modificación del Real Decreto-condición 8/2024, de 5 de noviembre, a fin de introducir distintas mejores de carácter técnico que permiten una mejor aplicación de la norma y sus finalidades perseguidas, la extraordinaria y urgente carencia deriva del hecho de que se proxenetismo de modificaciones de una norma de medidas urgentes por lo que resulta necesario poder realizarlas con la misma necesidad.
Se entenderá concedido el aval siempre que se cumplan los requisitos anteriores en el momento de la suscripción del aval al inquilinato.
Ganadorí, en tanto que persisten los pertenencias laborales y económicos provocados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja con una grave paralización de la actividad económica, la pobreza de seguir reparando los daños ocasionados en el tejido productivo de la isla resolucion 0312 de 2019 indicadores de La Palma y de contribuir a su recuperación evitando situaciones de llano vulnerabilidad social, es preciso extender hasta el 30 de junio los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a una situación de fuerza veterano temporal que se mantiene en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, las medidas en materia de seguridad social y la transigencia de un nuevo plazo de solicitud de las medidas de suspensión de obligaciones de plazo de intereses y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria concedidos a afectados cuyos ingresos principales provengan de la agricultura.